La “Ley de Góndolas” pone límites al espacio que un proveedor puede ocupar en la góndola, obliga a que se incluya en estas a productos originados en pymes o cooperativas, y prohíbe que proveedores alquilen espacio para la exhibición de sus productos. También obliga a los supermercados a tener, para cada producto, por lo menos cinco proveedores alternativos.
Analizar el impacto de estas medidas requiere conocer las características de la cadena agroindustrial. No es lo mismo comercializar bulones o chapas de acero que manteca, fideos o pechugas de pollo. El origen biológico de los alimentos que consumimos resulta en una cadena de valor compleja. Relacionado a lo anterior: existe una intrincada red que vincula al comercio minorista (entre ellos los supermercados) con proveedores. Los vínculos contractuales que unen a las partes deben contemplar adaptación a condiciones climáticas cambiantes, calidad heterogénea de la materia prima y potenciales riesgos a la salud humana.
Los autores de la ley hablan de “concentración” en el eslabón minorista. Pero la estructura del comercio minorista en Argentina es menos concentrada de lo que ellos suponen. En efecto, un trabajo realizado hace algunos años estima que el sector hipermercados representa el 28 por ciento de las ventas, correspondiendo a los supermercados un 23 por ciento adicional. En definitiva, aproximadamente la mitad de las ventas se canalizan a través de empresas relativamente grandes, siendo la otra mitad representada por puntos de venta de tamaño menor.
Gestionar un supermercado requiere alto nivel de profesionalismo. Muchas de las prácticas empleadas tienen como objetivo aumentar eficiencia, lo cual favorece a consumidores. Por ejemplo, el “alquiler” de espacio de góndola a proveedores facilita que estos mismos proveedores los que controlan stocks y hacen pedidos de reposición. Facilita también exhibir los productos de forma tal de reducir tiempo de búsqueda y comparación de precios de consumidores.
Las grandes cadenas también hacen acuerdos con proveedores (muchos de ellos pymes) que resultan en comercialización de productos con su propia marca. Esto ocurre para productos tan variados como arvejas, manteca, aceite comestible o harina. Las “marcas propias” ocupan un importante nicho de mercado por las ventajas que representan: el consumidor valora comprar un producto con la “etiqueta” Walmart, Carrefour o Coto, en lugar de hacerlo con el de una empresa pyme desconocida. La confianza en la etiqueta del híper- o supermercado tiene su justificativo: estas empresas no sólo son vistas como tecnológicamente avanzadas, sino que tienen una “marca” cuyo prestigio deben mantener. La alternativa de la “marca propia” abre además posibilidades de exportación que serían impensables para la mayor parte de las pymes. Estas pymes, por supuesto, se benefician del canal comercial facilitado por la gran cadena minorista.
No todo es color de rosas para los híper- y supermercados. En 2018, una de las mayores empresas de comercio minorista (gestiona cuatro cadenas comerciales, con 19.000 empleados, 500 puntos de venta) experimentó serias dificultades financieras, existiendo dudas sobre la continuidad de sus operaciones en el país. La creciente preferencia de consumidores por comprar en locales de menor tamaño, más próximos a sus domicilios fue uno de los determinantes de esta situación. En definitiva: la Ley de Góndolas recientemente aprobada complica el funcionamiento de una cadena de valor de gran importancia. Es de esperar que resulte en aumento de costos comerciales y - lo que no es menor - que los que se encargan de verificar cumplimiento se beneficien en forma indebida por la tarea realizada. Otra “cabina de peaje” por la que los empresarios deberán transitar.
(*) Profesor Universidad del CEMA
Fuent: Ámbito
