Mientras la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) procura que más contribuyentes se sumen a la moratoria 2020, al poner en marcha una campaña de “inducciones”, durante febrero unas 227.000 empresas y particulares (especialmente autónomos) obtuvieron el correspondiente Certificado Pyme que les abre la puerta al plan.
Ese grupo quedó anotado en el Registro Pyme, que ya venía operando con anterioridad a la Moratoria, con la función de identificar y administrar a los beneficiarios de la ley pyme, que tiene como ventajas, entre otras, la posibilidad de pagar IVA a 90 días y computar parte del Impuesto al Cheque para abonar otros tributos. Antes del plan del gobierno, el registro contaba con unos 568.000 anotados. Con los nuevos pasó a tener 795.000. Todos están en condiciones de acceder al plan de entre 60 y 120 cuotas con condonaciones de multas e intereses. Al presentar el plan a fines de enero, la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, dijo que desde el organismo aspira a contar con un millón de anotados. Para obtener la certificación, los interesados deben tramitarla a través de internet y los requisitos son tener CUIT, clave fiscal nivel 2 o superior, estar inscripto en el Monotributo o en el Régimen General (en Ganancias y en IVA) y estar adherido a Trámites a Distancia (TAD). Se pueden anotar empresas y personas humanas como autónomos y monotributistas. Más allá de los beneficios que otorga en sí mismo la moratoria a las empresas o personas, el interés del Gobierno está puesto también en generar un flujo de ingresos para el fisco.
En promedio, las empresas que se anotan pagan un 1% de la deuda que tienen como anticipo, y luego cuotas. Cuando la inscripción cierre el 30 de abril, el Gobierno estará en condiciones de saben con cuánto dinero extra de recaudación contará en 2020, en momentos en que precisamente esa variable no da señales de mejorar. Los ingresos fiscales crecen alrededor de 10 puntos menos que la inflación, lo que indica que se produce una caída en términos reales, a pesar de los últimos aumentos de impuestos. Por ello, desde la semana pasada la AFIP arrancó con una campaña de lo que en la jerga del organismo se llaman “inducciones”. Se trata de unas 100.000 notas dirigidas a contribuyentes que se encuentran ya en etapa de reclamo judicial, o a punto de que se les inicie la exigencia de pago. Las cartas la recuerdan la deuda y le sugieren presentarse a la Moratoria 2020 para evitar males mayores ante los tribunales. Entre los tributaristas se considera como una acción habitual del organismo cada vez que pone en marcha beneficios por el estilo.
En tanto, el organismo avanza en la elaboración de un plan de pagos para las grandes empresas. El plan permite refinanciar deudas pero no tiene el beneficio de quitas y condonaciones de intereses y multas. Al presentar la Moratoria el pasado 31 de enero la titular de la AFIP anunció que en algunas semanas más el organismo iba a poner a disposición el beneficio. Especialistas consideran que para que ese programa tenga éxito el gobierno debería eximir a las empresas de lo que se denomina “responsabilidad penal tributaria”. La ley establece un límite de $1.500.000 el tope de deuda que una empresa puede tener con la AFIP sin que constituya delito. Cuando supera ese monto la firma puede llegar a ser acusada de evasión con penas de prisión para sus directores. Frente a ello, consideran que si no se cambia ese punto (mediante un decreto de exención o subiendo el tope) es difícil que las grandes empresas acepten el plan.
Fuente: Ámbito
